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Como os informamos hace días, el pasado lunes acudimos a recoger las firmas que habían sido recogidas por compañeros de Madrid, en apoyo de la demanda salarial. Firmas que se recabaron para ser trasladadas a las asociaciones con la idea de servir de impulso a una demanda que asumimos, como no puede ser de otra forma.

Como quiera que se nos entregó un listado numérico por localidades, solicitamos la entrega de la documentación, al menos copia, que contuviese las adhesiones, único medio de poder hacer una adecuada gestión de vuestra iniciativa y darle el destino que motivó su recabado, que no es otro que su entrega al Ministerio de Justicia. Cosa que haremos en cuanto dispongamos de ellas.

Entre tanto, seguimos inmersos en dar pasos efectivos de cara a avanzar en esta necesidad de mejora salarial, y que debe pasar por consolidar en convencimiento y recabado de apoyos. Así, como paso inicial, hemos solicitado encuentros con grupos parlamentarios a quienes trasladaremos también las firmas una vez se nos trasladen, junto con los informes del Colegio, en espera de hacerles sensibles a esta reivindicación. Igualmente perseveraremos en la unión asociativa.

En cuanto vayan avanzando esos encuentros y con su resultado, os informaremos.

En la Junta Ejecutiva del Colegio Nacional, celebrada la semana pasada se analizó el contenido de las sentencias que se vienen dictando por la Audiencia Nacional sobre reclamaciones realizadas por descansos no retribuidos, cuando estamos ante guardias semanales. En concreto es especialmente importante la sentencia dictada por la  Audiencia Nacional,  Juzgados Centrales de lo Contencioso, Sección 3, nº 36/2016, de 07/03/2017, Rec 165/2016. La interpretación que de ella hace el Colegio, y de las posibles conductas a seguir es la siguiente:

1. Lo más novedoso de esta SENTENCIA (que adjuntamos)  es que aplica directamente la Directiva europea 2003/88 CEE, en vigor desde agosto de 2004, en cuanto al descanso del día después de la guardia y especialmente en su artículo 3, fija un descanso diario de 11 horas, al decir que “Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que todos los trabajadores disfruten de un período mínimo de descanso diario de 11 horas consecutivas en el curso de cada período de 24 horas.” Por ello se condenó a la Administración a que reconozca a la parte demandante el derecho a obtener un importe en compensación del descanso no disfrutado por el servicio de guardias prestadas, y las horas de descanso adicionales correspondientes, y lo abone efectivamente, más los intereses legales de rigor. Ese descanso,  lo es también por 11 horas diarias, por cada día de guardia en el que no se disfrutaron.

Por otro lado, la propia sentencia, respecto a la prescripción entiende en su fundamento IX que:  “insistiendo en ese principio general del Derecho, admitido también en la jurisprudencia europea, de la prohibición del enriquecimiento injusto SSTJCE 28-5-1998 , STS 269-2008 y AATTSS 4-3-2010 , 6-5-2010 , 20-5-2010 , entre otras, que se daría en manos administrativas si, con base a la quietud en el ejercicio del derecho que pudiera ejercer en su momento la parte implicada, se llegase a la conclusión de que la tardanza en el ejercicio del derecho equivale a su renuncia, más allá de los plazos que la prescripción impone para formular la reclamación correspondiente en cada caso” .

2. POSIBLE EXTENSIÓN DE EFECTOS.  La primera posibilidad sería pedir extensión de efectos en la ejecución de esa sentencia al tratarse de situaciones idénticas. No obstante los Juzgados contenciosos no son proclives  a que se conceda la extensión de efectos dado que puede entenderse que la situación no es totalmente idéntica al haberse reclamado por un Juez, pero no estaría descartada.

Al respecto tendríamos que tener en cuenta que:

- El plazo para pedir la extensión de efectos es de un año desde la notificación por lo que queda poco más de un mes.
- El escrito es muy simple, se puede localizar fácilmente. Hay que justificar la identidad en la situación planteada; la identidad deriva de que las guardias se regulan para jueces y para nosotros en el Reglamento 1/2005 en iguales condiciones, y en la Directiva 2003/88 CEE que aplica. Pero a él hay que acompañar, igual que en el supuesto enjuiciado, certificación, que podría ser del Juez Decano correspondiente, por ser el encargado de fijar el calendario de guardias de cada partido judicial anualmente y comunicarlo a Sala de Gobierno, que contenga las realizadas. Será más fácil de se conceda a quienes estén en el mismo grupo de guardia que el juez a quien se refiere esa sentencia, que es de Alcoy.

3. LA RECLAMACIÓN HA DE SER INDIVIDUAL: los fundamentos usados en la sentencia nos serían totalmente aplicables. Ello nos legitima para, como posible opción,  realizar reclamaciones individuales, lógicamente,  por todos los que estén en el supuesto de hecho. Básicamente los que hagan o hayan realizado guardias semanales.

4. LEGITIMACION PARA RECLAMAR: para realizar una reclamación de ese tipo, la legitimación es individual, de cada compañero, porque las situaciones concretas son diferentes; hay que reclamar en atención a las guardias realmente realizadas que deben ser acreditadas. Consecuentemente el Colegio como corporación no puede presentar esa demanda.

Adjuntamos:

Sentencia dictada por la  Audiencia Nacional,  Juzgados Centrales de lo Contencioso, Sección 3, nº 36/2016, de 07/03/2017, Rec 165/2016
DIRECTIVA 2003/88/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de noviembre de 2003 relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo
Orden JUS/797/2012, de 29 de marzo, por la que se regula la duración de la jornada general de trabajo en cómputo anual y las de las jornadas en régimen de dedicación especial para el Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales
RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2003, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se modifica la de 5 de diciembre de 1996, por la se dictan instrucciones sobre jornada y horarios en el ámbito de la Administración de Justicia.

Nuevamente tenemos que oír voces de alarma sobre el “problema” que plantea la fase de ejecución. Volvemos a escuchar continuamente propuestas interesadas de colectivos que ponen en duda nuestra capacidad para hacer efectivas las sentencias dictadas. Precisamente por ello, y porque así nos lo requieren nuestros compañeros, los Letrados de la Administración de Justicia nos vemos obligados o poner de manifiesto de forma expresa, cuál es la realidad y como siempre, de forma constructiva, insistir en propuestas que puedan dirigirnos hacia la solución correcta.

Desde el Colegio Nacional queremos dejar clara  la realidad y analizar el modo en el que asumimos las cargas impuestas por la Ley, porque es justo destacar la labor de quienes ponemos de nuestra parte todo lo que esté en nuestra mano para hacer efectivos esos fallos judiciales, y analizar realmente cómo pueden mejorarse los índices de ejecución o inejecución de sentencias, y quienes son los responsables de ello.

Realmente podemos preguntarnos ¿Todos hacemos lo que la Ley actual nos impone? Pensamos tanto en quienes desde los órganos jurisdiccionales damos cumplimiento al mandato constitucional de ejecutar lo juzgado, como en las propias partes, en sus representantes o defensores. Porque es muy fácil apuntar a unos sin valorar cómo se despliegan, o no, las posibilidades que ya incorpora de nuevo o desde hace años la legislación procesal. Tenemos que decir con toda claridad, en base a datos contrastados obtenidos de la estadística judicial del CGPJ que se ejecutan en los Juzgados un 37 por ciento más de procesos de ejecución de los que se incoan, aún mejorando los datos del pasado año 2015 donde también se superaba el 30%.

Los datos son los que son y se deben, año tras año, a la asunción en serio de la actividad de ejecución por los Letrados de la Administración de Justicia, de forma gratuita y sin que suponga un gasto complementario para los ciudadanos (todo hay que decirlo), y con total eficacia.

No obstante debemos destacar también por su importancia tres ideas:

1. La fase de ejecución de sentencias se encuentra dentro del ámbito del artículo 117 de la CE: “El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan”. No hay que olvidar que como pone de manifiesto el INFORME DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE 15 DE JULIO DE 2013 emitido con ocasión del último proyecto de reforma de las leyes procesales que vio la luz en 2015 que:

"dos objeciones fundamentales que podrían hacerse a esta decisión: Una, que el Procurador es el representante procesal de una de las partes; dos, que con este sistema se podrían crear dos tipos de justicia, una gratuita y otra, de pago, que en principio se presume será más rápida y eficaz".

2. Una de las garantías que proporciona la actividad judicial es la de su independencia y la imparcialidad, (art. 117 de la C.E.). A este respecto, la doctrina constitucional enlaza la imparcialidad con el hecho de “no ser «Juez y parte» ni «Juez de la propia causa»" (STC 155/2002 de 22 de Julio); o incluso "ser tercero entre partes" (STC 140/2004 de 13 de Septiembre).

3. La realidad en esta materia del derecho comparado es la que es y se precisó de forma clara por dictamen del Consejo de Estado de 27 de febrero de 2014 durante la tramitación de las reformas legales de esas fechas. Respecto a los antecedentes europeos alegados como fundamento de la reforma, el Consejo de Estado es claro:

no hay ninguna figura de similares caracteres en derecho comparado, únicamente puede haber algo parecido en Portugal, y con connotaciones especiales que lo diferencian claramente. Por si hubiere alguna duda, la justificación basada en argumentos de derecho comparado no existe”.

Con estos datos no entendemos como pueden hacerse propuestas como las venimos periódicamente reflejadas en la prensa.

 Queda esperar que la responsabilidad del gestor político no haga ceder un sistema rotundo legalmente y eficaz, para dar paso a otro inestable legalmente, parcial y de marcado interés corporativo, que redundará en perjuicio del mandato Constitucional, y los derechos y garantías ciudadanos.

 

 

De cara a la reunión que se mantuvo en sede ministerial el pasado diciembre sobre la reivindicación salarial, acudimos con una extensa documentación entre informes, cartas de apoyo de FEDECA, la EUR, comparativas, etc…y por supuesto con un listado de las firmas de apoyo a esta demanda salarial que habíamos previamente solicitado a los compañeros de Madrid que las están recogiendo y de lo que sois conocedores.

Nos informan que han finalizado su propósito de recogida de firmas y hemos quedado la semana próxima en ir a recogerlas para continuar con ese impagable soporte en la reivindicación de nuestras condiciones salariales.

Esta demanda justa y legítima es nuestro principal objetivo desde hace tiempo, desde que en el Congreso de Sevilla de junio de 2013 se aprobó la primera Hoja de Ruta que lo incluía como punto esencial, el discurso del Presidente de ese año que hablaba de “recuperación de derechos, libranzas y compensación económica” por nuestro trabajo, tras la reforma procesal de menos de dos años antes, o desde que años antes habíamos recurrido, solos, nosotros, el RD de puestos tipo que establecía una ínfima cuantificación de nuestros complementos retributivos por el Ministerio de Caamaño y quienes en aquel entonces trabajaban en él. Iniciamos una estrategia de convencimiento de responsables políticos; armado estadístico del resultado excelente del ejercicio de nuestras competencias con el informe del Letrado en cifras enfocado a la materia económica desde el inicio; armado jurídico de razón con el último informe sobre retribuciones; convencimiento de la opinión pública…y ahora con el apoyo que demuestran esas firmas a esta justa reivindicación, con la unidad de asociaciones que debe andar con solidez pues la demanda lo exige, y la de todos, esta organización con la fuerza de su apoyo mayoritario seguirá trabajando lo más inteligentemente que seamos capaces, con honestidad y tesón, y con pasos firmes, contando con cuantos quieran acompañarnos en este camino nada fácil.

Gracias de antemano a los compañeros de Madrid y a todos.

Miércoles, 24 Enero 2018 10:33

El Colegio presenta la revista Acta Judicial

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En el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia continuamos trabajando para situar nuestra profesión al máximo nivel en el mundo jurídico y profesional y, para ello, ofreciéndoos servicios y posibilidades para el desarrollo de vuestra carrera profesional, con hechos y no palabras, por eso os presentamos hoy el lanzamiento de la Revista Acta Judicial en formato digital, de periodicidad semestral y que pretende ser un referente en el panorama jurídico español, con la catalogación como revista de impacto por los Índices de referencia de publicaciones científicas.

Desde que la Junta Nacional diera su aprobación, en junio del año 2017, gracias al trabajo esforzado, como director ejecutivo, de Fernando Cremades y, como editor, de  Jesús Sancho, se ha desarrollado un proyecto editorial que, al abrigo del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, y la garantía de nuestro director de la CEI, Ernesto Casado, tiene por objeto la publicación de artículos de investigación científica en cualquier disciplina de las ciencias jurídicas, con el objetivo de constituirse en plataforma de encuentro privilegiado de profesionales significados en este ámbito, constituyéndose en soporte de generación y creación de conocimientos, y ofreciendo diagnósticos y soluciones aplicativas a los retos que ha de enfrentar permanentemente nuestro Estado de Derecho como indiscutible motor de transformación social.

Con la Revista Acta Judicial se pretende ofrecer, con carácter preferente, a todos los colegiados, a los letrados de la administración de justicia y, en general, a los profesionales del Derecho, una herramienta privilegiada de publicación de artículos  jurídicos que, una vez sea catalogada y calificada, proporcione a los trabajos presentados la cualificación necesaria para tener validez curricular, no solo en el ámbito de la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación), sino también en el ámbito universitario y de otras Administraciones, y pretendiéndose para ello que la revista obtenga la máxima calificación de impacto científico.

Para velar por el nivel de exigencia con que se pretende dotar a la publicación, la Revista Acta Judicial cuenta con un Comité Científico integrado por muy relevantes y significados profesionales procedentes de la Universidad y de la Administración de Justicia, de diferentes ocupaciones y disciplinas jurídicas.

La Revista Acta Judicial es de acceso libre e inmediato a su contenido y en ella se publicarán artículos inéditos y originales que cumplan las normas de publicación establecidas al efecto.

El acceso a la Revista Acta Judicial se encuentra en la barra del menú superior de la página web del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia.

Queremos agradecer muy especialmente a Fernando y a Jesús su trabajo en el desarrollo de este proyecto, ejemplo de la calidad profesional de nuestros compañeros.

www.letradosdejusticia.es/revistaactajudicial